Betanzos pedirá a la Xunta que sus taxis entren en el área conjunta de A Coruña
El gobierno local llevará al pleno del martes la solicitud para incorporarse al Área de Prestación Conjunta que se está creando con A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. En la misma sesión propondrá aprobar definitivamente la ordenanza del taxi, rechazando las seis alegaciones presentadas.
El Ayuntamiento de Betanzos presentará en el pleno del martes 29 de septiembre una solicitud formal a la Xunta para que el municipio forme parte del Área de Prestación Conjunta (APC) del servicio de taxi del área de A Coruña. Esta área está en proceso de creación e, de inicio, incluye A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.
La alcaldesa, María Barral, sostiene que dejar fuera a Betanzos en la propuesta inicial «no responde a la realidad territorial, social y económica del municipio ni a la intensa relación que mantiene diariamente con la ciudad de A Coruña y con los ayuntamientos de su entorno». Por eso, el Ayuntamiento pedirá que se revise la delimitación prevista y que se apliquen a Betanzos «los mismos criterios objetivos empleados para la incorporación de los demás municipios».
Por qué lo piden
Según el gobierno local, la petición recoge lo que expuso el propio sector del taxi betanceiro: una parte muy importante de sus servicios tiene como destino A Coruña o los ayuntamientos limítrofes. La normativa actual no les permite recoger nuevos viajeros para la vuelta, por lo que los coches regresan vacíos a Betanzos. Eso, según el Ayuntamiento, «incrementa los costes de explotación, reduce la disponibilidad efectiva de los taxis e impide aprovechar un servicio que ya está operativo».
Barral defiende que «la movilidad de la ciudadanía no entiende de fronteras administrativas» y que la planificación de los servicios públicos tampoco debería hacerlo cuando hay una realidad funcional compartida. El gobierno local confía en que la entrada en la APC permita avanzar hacia un modelo de movilidad más coordinado y eficiente.
Los ayuntamientos de Sada y Bergondo también pidieron entrar en esta área, pero la Xunta dejó esa posibilidad para una segunda fase.
La ordenanza del taxi, a la aprobación definitiva
En el mismo pleno, el gobierno local llevará la aprobación definitiva de la ordenanza del taxi, que establece un servicio de 24 horas. La propuesta es rechazar las seis alegaciones presentadas, todas ellas por titulares de licencias de taxi.
La principal pedía suprimir o flexibilizar la obligación de tener un taxi de guardia presencial en la parada de 00.00 a 07.59 horas, los 365 días del año. Los alegantes la consideraban una medida desproporcionada y sin estudio previo de demanda, que, según ellos, causa perjuicios económicos, problemas de seguridad por la noche y dificultades de conciliación. También alegaron que choca con los límites de la contratación laboral y que ya existen otros servicios concertados, de urgencias médicas o de VTC.
El Ayuntamiento propone rechazarla a partir de las conclusiones de sus servicios jurídicos. En el informe de aprobación definitiva, la secretaria municipal señala que la ley de transporte público obliga a garantizar el servicio nocturno de taxi y que el Ayuntamiento puede fijar turnos de parada para que la población tenga un vehículo disponible sin esperas injustificadas. El informe argumenta que Betanzos es cabeza de comarca y polo de servicios básicos, y que la presencia en la parada garantiza una atención inmediata tanto en las urgencias como a quien no tiene acceso a canales telemáticos o concertados. Y concluye que la colaboración de empresas privadas o de VTC no exime al Ayuntamiento del deber de garantizar un servicio público de taxi en la propia parada.
Tampoco se estiman otras dos peticiones: recuperar las plazas de la parada de la plaza de Galicia, desplazando los vehículos de la Policía Local detrás de los jardineros y de los bancos, y que el Ayuntamiento entregase gratis a cada titular los escudos municipales para las puertas de los coches y las cartulinas identificativas.
Una de las alegaciones pedía, precisamente, crear un área de prestación conjunta con otros ayuntamientos. El gobierno local comparte esa petición, pero la rechaza por motivos formales: entiende que no se puede imponer de manera unilateral en el texto de una ordenanza municipal. Por eso la lleva al pleno por separado, como solicitud a la Xunta.
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